A pocos años de iniciado el siglo XXI, Honduras se debate ante graves problemas sociales. La pobreza y la violencia dibujan el perfil de país en el escenario mundial con una marcada fragmentación social, cruzada por profundas desigualdades que alejan la posibilidad de alcanzar metas de justicia social, democracia y calidad de vida, con derechos humanos para todas y todos. Los desequilibrios y persistente brecha en el desarrollo humano de las mujeres respecto a los hombres, por la sola condición de género, levanta probablemente la más grande y extendida barrera para la superación de la pobreza y la violencia.
Las mujeres constituyen el 51.4% de la población total, el 52.1% de las personas en edad de trabajar, realizan el 94% del trabajo doméstico reproductivo que sostiene las unidades familiares en todo el país, representan el 33.7% de la población económicamente activa, aportan el 51.2% del trabajo mercantil y no mercantil, y están a cargo de la jefatura de uno de cada cuatro hogares a nivel nacional. En cambio, ocupan menos del 10% de las diputaciones en el Congreso Nacional, reciben en promedio un ingreso equivalente al 42% del que obtienen los hombres, y tienen limitado acceso a la propiedad y control de los recursos económicos y productivos.
La violencia de género es un flagelo que adquiere dimensiones generalizadas en el país, al igual que en la región mesoamericana. El aumento de los femicidios contrasta con la impunidad prevaleciente y la inseguridad ciudadana. Esto trae graves consecuencias para la vida y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito doméstico y público.
Las políticas públicas enfatizan excesivamente el papel instrumental de las mujeres como madres y trabajadoras voluntarias de las comunidades en los programas sociales, recargando en ellas el costo del ajuste económico y el recorte del gasto público. Pero ese papel no es valorado y, ante la feminización de la pobreza, se resalta la mayor vulnerabilidad de las mujeres, invisibilizando sus capacidades como protagonistas y creadoras de alternativas.
Frente a este panorama desalentador, el qué hacer, pasa por el fortalecimiento de las instancias legales, estructuras institucionales y políticas públicas creadas en el país para avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, combatir la pobreza, ampliar la participación política ciudadana de las mujeres en equidad, y propender a relaciones internacionales más justas.